jueves, 21 de marzo de 2013


La primera obligación de un gobierno es no permitir que su pueblo pase hambre. Todos sus esfuerzos deben estar presididos por este principio rector. Todos sus esfuerzos deben estar supeditados a este objetivo, por lo menos. Para ello las medidas económicas han de tener rostro humano, y esto es imposible de conseguir si se piensa en términos macroeconómicos, que tratan como números a las personas, como ratas de un siniestro laboratorio social.  En el último informe de Cáritas se nos revela que en España hay 3.000.000 de personas que viven en extrema pobreza, antesala de la exclusión social. Las políticas de austeridad del gobierno de Rajoy han estrangulado la economía, reduciéndola a niveles de renta del 2001. No ha habido voluntad política por su parte para evitar esta debacle social; al contrario, los esfuerzos gubernamentales han ido encaminados a allanar el camino para que las grandes corporaciones empresariales y los bancos obtengan mayor rentabilidad económica en medio del desastre.

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