La primera obligación de un gobierno es no permitir que su pueblo pase
hambre. Todos sus esfuerzos deben estar presididos por este principio rector.
Todos sus esfuerzos deben estar supeditados a este objetivo, por lo menos. Para
ello las medidas económicas han de tener rostro humano, y esto es imposible de
conseguir si se piensa en términos macroeconómicos, que tratan como números a
las personas, como ratas de un siniestro laboratorio social. En el último informe de Cáritas se nos revela
que en España hay 3.000.000 de personas que viven en extrema pobreza, antesala
de la exclusión social. Las políticas de austeridad del gobierno de Rajoy han
estrangulado la economía, reduciéndola a niveles de renta del 2001. No ha
habido voluntad política por su parte para evitar esta debacle social; al
contrario, los esfuerzos gubernamentales han ido encaminados a allanar el camino
para que las grandes corporaciones empresariales y los bancos obtengan mayor
rentabilidad económica en medio del desastre.
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